Arquitecto municipal de Alicante admite haber optado a vivienda protegida en Les Naus tras participar en su tramitación
El arquitecto municipal Francisco N.T., investigado en el caso de adjudicación irregular de viviendas de protección pública (VPP) en la urbanización Les Naus de Alicante, ha admitido ante la magistrada instructora que optó a una de las viviendas tras participar en su tramitación. La titular del Juzgado de Instrucción número 5 ha citado a declarar a 15 investigados —incluyendo a funcionarios, exconcejales y técnicos— y a 7 testigos para los próximos meses, en un caso que la Fiscalía Anticorrupción considera de “especial gravedad”.
Contexto del caso: ¿Qué se investiga en Les Naus?
La urbanización Les Naus, ubicada en Alicante, se encuentra en el centro de una investigación judicial por posibles irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas. Según la providencia notificada este miércoles por la magistrada, se examina si hubo preferencias indebidas, falta de transparencia en los criterios de asignación o incluso conflictos de interés en el proceso.
“Las decisiones de un arquitecto afectan directamente a la seguridad pública y la equidad en el acceso a la vivienda. Cuando un profesional participa en la tramitación de un proyecto y luego opta a beneficiarse de él, surgen serias dudas sobre la imparcialidad del proceso.”
¿Quiénes son los investigados y qué se les imputa?
La magistrada ha citado a declarar a los siguientes 15 investigados, divididos en dos fases:
| Nombre | Cargo/Institución | Fecha de declaración |
|---|---|---|
| Francisco N.T. | Arquitecto municipal del Ayuntamiento de Alicante | 20 de mayo de 2026 (10:00 h) |
| Rocío G.G. | Exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante | 20 de mayo de 2026 |
| María P.M. | Jefa del Servicio de Contratación del Ayuntamiento | 20 de mayo de 2026 |
| Francisco O.G. | Administrador único de la cooperativa promotora | 20 de mayo de 2026 |
| Roberto P.P. | Jefe de la Sección de Vivienda Protegida (Conselleria) | 5 de junio de 2026 |
| 10 beneficiarios anónimos | Adjudicatarios de 9 viviendas protegidas | 5 de junio de 2026 |
Además, 7 testigos —técnicos de la Conselleria de Vivienda y del Ayuntamiento— prestarán declaración el 8 de mayo, entre ellos el arquitecto jefe del Departamento Técnico de Control de Obras.
¿Qué ha declarado el arquitecto municipal?
Aunque el contenido exacto de las declaraciones aún no ha sido hecho público, fuentes judiciales confirmaron a AchyNewsy que Francisco N.T. Admitió ante la magistrada haber participado activamente en la tramitación de las viviendas protegidas en Les Naus y que, posteriormente, optó a una de ellas. Este hecho, en sí mismo, no sería ilegal, pero la investigación se centra en determinar si su participación influyó en la adjudicación o si hubo omisión de requisitos legales.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se investigue si hubo nepotismo, favoritismo o uso indebido de información privilegiada. Según la providencia, la acusación popular —ejercida por el partido Ciudadanos— pidió que Roberto P.P. (jefe de Vivienda Protegida) declarara como testigo, pero la magistrada rechazó la petición y lo citó como investigado, considerándolo parte del núcleo del caso.
¿Qué riesgos legales enfrentan los investigados?
Las posibles sanciones en este caso incluyen:
- Delitos contra la Administración Pública: Si se demuestra que hubo manipulación de expedientes o falseamiento de documentos.
- Prevaricación: Si funcionarios actuaron con dolo para beneficiar a terceros.
- Tráfico de influencias: Si se probó que se usó el cargo para obtener ventajas.
- Responsabilidad civil: Para los adjudicatarios que no cumplan los requisitos legales, con posibles devoluciones y multas.
En casos similares, como el escándalo de las viviendas protegidas en Valencia (2023) (El Mundo), los implicados enfrentaron penas de prisión de hasta 6 años y multas millonarias.
¿Qué sigue en la investigación?
Los próximos pasos incluyen:
- Declaraciones de los investigados: Entre el 20 de mayo y el 5 de junio, los 15 citados deberán comparecer ante la magistrada para aclarar su participación.
- Análisis de documentación: La Fiscalía revisará contratos, actas de adjudicación y comunicaciones internas para detectar irregularidades.
- Posible apertura de diligencias previas: Si se encuentran indicios de delito, el caso podría derivar a la Audiencia Provincial.
- Evaluación de recursos: Los afectados (beneficiarios de viviendas) podrían impugnar sus adjudicaciones si se demuestran vicios.
La Conselleria de Vivienda y el Ayuntamiento de Alicante han declarado que “colaborarán plenamente con la justicia”, aunque no han emitido comunicados específicos sobre el caso de Les Naus.
FAQ: Preguntas clave sobre el caso
1. ¿Qué son las viviendas de protección pública (VPP)?
Son viviendas subvencionadas por la administración para garantizar el acceso a la vivienda a colectivos con menos recursos. Su adjudicación debe seguir criterios objetivos de renta, necesidades sociales y orden de solicitud.
2. ¿Por qué es grave que un arquitecto municipal opte a una VPP?
Por el conflicto de interés potencial. Si un técnico participa en la valoración de solicitudes o en la supervisión de los requisitos, su decisión podría verse influenciada por su propio interés en obtener la vivienda.
3. ¿Pueden los adjudicatarios perder sus viviendas?
Sí. Si la investigación demuestra que no cumplían los requisitos legales (ej.: ingresos superiores al límite), podrían ser desalojados y sancionados. En casos como este, la administración suele iniciar procesos de recuperación de la vivienda.

4. ¿Qué pasa con los testigos?
Los 7 testigos citados —técnicos de la Conselleria y el Ayuntamiento— declararán el 8 de mayo. Su testimonio podría ser clave para confirmar o descartar irregularidades en la tramitación.
Conclusión: Un caso que podría redefinir los controles en VPP
El caso de Les Naus no solo pone en entredicho la transparencia en la adjudicación de viviendas protegidas, sino que también plantea preguntas sobre los mecanismos de control interno en los ayuntamientos y consellerias. Si se confirman irregularidades, podría impulsar reformas en los procesos de asignación, como:
- La creación de comisiones independientes para evaluar solicitudes.
- Mayor publicidad de los criterios de adjudicación.
- Sanciones más severas para funcionarios implicados en casos de corrupción.
Mientras tanto, los alicantinos afectados por el caso —tanto los investigados como los posibles beneficiarios— esperan con expectación los resultados de las declaraciones. Lo que está claro es que, como señalaba la magistrada en su providencia, “la confianza en las instituciones se construye con transparencia y se destruye con la opacidad”.
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